La impunidad sigue presente en los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en el mundo. Así lo reveló la organización Front Line Defenders, en su análisis global del 2020, en el que registró 331 homicidios de líderes que luchan por la defensa de la tierra, el medio ambiente, los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTIQ. De estos, 177 casos se presentaron en Colombia, 25 en Filipinas, 20 en Honduras, 19 en México, 17 en Afganistán, 16 en Brasil, 15 en Guatemala y 8 en Perú.
Durante la pandemia de COVID-19, los defensores no solo se vieron expuestos a los riesgos cotidianos a los que se enfrentan por su labor y al virus SARS-CoV-2, sino también a la presión de los gobiernos por controlar el flujo de información. Muchas de las personas asesinadas, manifiesta el informe, apoyaron a las comunidades en su lucha contra el COVID-19, trabajaron en temas de seguridad alimentaria, en el acceso a la atención médica y fueron críticos con los gobiernos. Para Front Line Defenders, la crisis sanitaria aumentó los riesgos, especialmente, para las mujeres defensoras, para los líderes de la comunidad LGBTIQ y para poblaciones vulnerables como refugiados, migrantes y trabajadores sexuales.
Solo en el continente americano se presentaron 264 asesinatos, 263 de ellos sucedieron en América Latina y uno en Canadá. Para Sirley Muñoz, coordinadora del Sistema de Información de la organización Somos Defensores de Colombia —el país que concentra el 53 % de los casos—, la pandemia hizo más evidente el abandono estatal y las medidas de aislamiento convirtieron a los líderes en personas fáciles de identificar. “En muchos territorios el control de la pandemia lo ejercían los grupos armados ilegales a través del miedo y las amenazas, y los defensores tenían que estar encerrados en sus casas, lo que hizo que quedaran en mayor riesgo —manifiesta Muñoz—. Gran cantidad de los asesinatos que nosotros verificamos fueron cometidos en las casas de los defensores o cerca de ellas”.
Si bien los números ya son alarmantes, Front Line Defenders cree que los casos pueden seguir aumentando a medida que se vayan haciendo las verificaciones de las denuncias. En eso coincide Muñoz, quien tiene la certeza de que las cifras de Somos Defensores sobre Colombia, que presentarán en los próximos meses, superarán las que están plasmadas en este informe.
Portada del especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento. 2020. Ilustración: Kipu Visual para Mongabay Latam.
Desde Somos Defensores coinciden en que ese es el tipo de liderazgo más afectado, por lo menos en Colombia. ¿La razón? Son personas que están en el territorio y que se interponen en el camino de distintos actores que tienen, principalmente, grandes intereses económicos, como sectores empresariales y grupos ilegales. En Colombia, la violencia se dirigió particularmente contra quienes participan en la implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), los que forman parte de las iniciativas de sustitución de cultivos de drogas y los que se oponen a la extracción de recursos naturales, destaca el informe.
En el caso de México, que concentra el 5,7 % de los casos del mundo, la situación se vio complicada también por la estigmatización que sufrieron los ambientalistas “por parte de la máxima autoridad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador; y otras entidades con bastante poder, quienes aseguraron que los defensores estaban pagados para bloquear proyectos de desarrollo”, así lo asegura Andrea Cerami, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quien destaca que en marzo publicarán el informe sobre agresiones a defensores. Aunque aún no puede dar cifras, Cerami confirma que la situación es muy grave y que han registrado distintas violaciones como desapariciones, ejecuciones, criminalización, amenazas, entre otras.
En Honduras la situación no es muy distinta. El informe destaca que aumentaron los ataques contra los defensores de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, principalmente por parte de las fuerzas estatales. Bertha Oliva Nativí, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), asegura a Mongabay Latam que las violaciones se han vuelto parte del diario vivir, pues los defensores tienen que enfrentarse actualmente a una política de estado que parece ir dirigida en su contra. “Todos los sectores que tienen un asomo de iniciar un proceso organizativo son fuertemente violentados. Desde el 2020 a la fecha, no ha existido una manifestación que no haya sido reprimida. Honduras se ha convertido en un país de muerte”, enfatiza, y aprovecha para recordar que diciembre de 2020 lo cerraron con el asesinato del dirigente indígena Félix Vásquez en La Paz, una ciudad hondureña.
A Irma Lemus (centro) intentaron secuestrarla en su viaje al exilio. Foto: Radio Progreso.
El reporte relata que, por ejemplo, muchos de los defensores que fueron detenidos en condiciones inhumanas también fueron sometidos a un mayor riesgo de contraer COVID-19. Incluso, aunque muchos países permitieron la liberación de presos por la pandemia, según el informe, los defensores no se encontraban entre los liberados pese a cumplir condenas por “delitos no violentos”.
En el caso de Colombia, es probable que la cifra de agresiones a defensores reportadas en 2020 haya bajado, pero esto no significa —advierte Muñoz de manera tajante— que la violencia lo haya hecho. La razón es que durante la pandemia se presume que hay un gran subregistro ya que muchas organizaciones encargadas de registrar este tipo de violaciones a los derechos humanos no pudieron hacer monitoreo en los territorios. Entonces, concluye Muñoz, “sí hubo agresiones, pero no se registraron todas”.
Front Line Defenders subraya que a las violaciones directas de derechos humanos se sumó una legislación restrictiva que se introdujo como respuesta a la pandemia. “Se aprobaron varias otras leyes diseñadas para limitar la capacidad de los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil para funcionar bien y de forma segura. […] Otros gobiernos, incluidos Perú, Honduras, México y Panamá, permitieron la continuación de proyectos de desarrollo, deforestación y minería a pesar de los cierres económicos”, indica el informe.
México es prueba de lo anterior. Según el abogado Cerami, con la excusa de la pandemia, se limitó al acceso a la información y a la justicia. “Por un lado, la plataforma nacional de transparencia en la que antes se podía solicitar información en los tiempos de la ley, ahora está bloqueada […] Por el otro, hay proyectos de desarrollo de infraestructura que fueron declarados como esenciales por parte del estado mexicano, pero se ha limitado el acceso a demandas legales, pues solamente se pueden presentar en casos urgentes y las demandas legales contra esos proyectos declarados esenciales no lo son”, explica, añadiendo que también hubo una reducción de los recursos destinados para la protección de los defensores y defensoras.
Por otro lado, en Guatemala, que concentró el 4,5 % de los asesinatos en el mundo, el gobierno aprovechó el confinamiento para decretar a la minería como una actividad prioritaria, “sin importar que muchas comunidades han señalado los altos riesgos de las actividades extractivas”, cuenta Anabella Sibrián, directora regional de Mesoamérica de Protección Internacional, a Mongabay Latam.
Anabella Sibrián no tiene duda de que las mujeres están en un mayor riesgo. En el caso de las detenciones arbitrarias, por ejemplo, las defensoras están más expuestas a sufrir actos de violencia de género. “Recientemente se reportó el caso de una defensora joven en Honduras que fue detenida y a la mañana siguiente amaneció muerta. Las autoridades hondureñas no explican qué ocurrió con esta joven”, relata.
Por otra parte, los defensores de la comunidad LGBTIQ se vieron afectados durante la pandemia por el estigma, la discriminación, la pérdida de oportunidades laborales y el difícil acceso a los servicios de salud. En México —resalta el análisis—, al menos tres defensoras transgénero fueron asesinadas el año pasado, entre ellas estaba Mireya Rodríguez Lemus, una reconocida defensora de los derechos de las comunidades LGBTIQ y presidenta de la Asociación Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses.
En el caso de Honduras, Bertha Oliva Nativí, de Cofadeh, está convencida de que hay una estrategia para asesinar mujeres, así como también la hubo para ir aniquilando a la comunidad LGBTIQ. “Es un país [Honduras] que ha perdido todo el asomo de orientarse para democratizar y respetar los derechos humanos. La pérdida del estado de derecho es impresionante”, asegura.
Actualmente a los defensores de los derechos humanos no solo les toca protegerse de las agresiones físicas y de los asesinatos, sino también de los ataques digitales. En 2020, un equipo de coordinadores de protección de Front Line Defenders recibió 304 solicitudes de apoyo por las siguientes razones: un 26 % recibió amenazas a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram; a un 16 % los ‘hackearon’ o vieron comprometidas sus cuentas de redes sociales; un 11 % reportó vigilancia telefónica; otro 11 % denunció seguimientos físicos y un 9 % aseguró que les confiscaron o les robaron dispositivos con información importante.
Los más afectados por este tipo de ataques son los defensores de derechos humanos (17 %); de derechos de la tierra, el medio ambiente y los pueblos indígenas (16 %); de la comunidad LGBTI (11 %); de la libertad de expresión (10 %) y de las mujeres (9 %). Front Line Defenders afirma que recibió decenas de informes de reuniones en línea —especialmente de grupos LGBTIQ, feministas y defensores negros— que fueron infiltradas por agresores que aprovecharon las fallas de seguridad.
La deuda con los líderes y lideresas es grande. Sirley Muñoz cree que es momento de que el gobierno de Colombia entienda las necesidades reales que hay en los territorios y que no se limite a plantear medidas políticas desde lo que creen que es correcto, pues el daño termina siendo más grande. “La militarización de los territorios aumentó en un 157 % las agresiones por parte de la Fuerza Pública contra los defensores, solo en el primer trimestre del 2020”, asegura.
El abogado Andrea Cerami también le pide al gobierno mexicano que cumpla con los compromisos que ha ratificado, como el Acuerdo de Escazú, que tiene una disposición específica sobre los defensores ambientales. Tiene la esperanza de que ese sea uno de los primeros pasos para tener una política específica que proteja a todos los defensores que día a día arriesgan sus vidas por un futuro mejor.
Durante la pandemia de COVID-19, los defensores no solo se vieron expuestos a los riesgos cotidianos a los que se enfrentan por su labor y al virus SARS-CoV-2, sino también a la presión de los gobiernos por controlar el flujo de información. Muchas de las personas asesinadas, manifiesta el informe, apoyaron a las comunidades en su lucha contra el COVID-19, trabajaron en temas de seguridad alimentaria, en el acceso a la atención médica y fueron críticos con los gobiernos. Para Front Line Defenders, la crisis sanitaria aumentó los riesgos, especialmente, para las mujeres defensoras, para los líderes de la comunidad LGBTIQ y para poblaciones vulnerables como refugiados, migrantes y trabajadores sexuales.
Solo en el continente americano se presentaron 264 asesinatos, 263 de ellos sucedieron en América Latina y uno en Canadá. Para Sirley Muñoz, coordinadora del Sistema de Información de la organización Somos Defensores de Colombia —el país que concentra el 53 % de los casos—, la pandemia hizo más evidente el abandono estatal y las medidas de aislamiento convirtieron a los líderes en personas fáciles de identificar. “En muchos territorios el control de la pandemia lo ejercían los grupos armados ilegales a través del miedo y las amenazas, y los defensores tenían que estar encerrados en sus casas, lo que hizo que quedaran en mayor riesgo —manifiesta Muñoz—. Gran cantidad de los asesinatos que nosotros verificamos fueron cometidos en las casas de los defensores o cerca de ellas”.
Si bien los números ya son alarmantes, Front Line Defenders cree que los casos pueden seguir aumentando a medida que se vayan haciendo las verificaciones de las denuncias. En eso coincide Muñoz, quien tiene la certeza de que las cifras de Somos Defensores sobre Colombia, que presentarán en los próximos meses, superarán las que están plasmadas en este informe.
Portada del especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento. 2020. Ilustración: Kipu Visual para Mongabay Latam.
El «pecado» de cuidar la tierra
De acuerdo con Front Line Defenders, el 69 % de los asesinatos que se presentaron el año pasado ocurrieron contra líderes que trabajaban en la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. En el informe, la organización manifiesta que estas cifras deberían preocupar a todos los gobiernos, sobre todo cuando la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) ha hecho énfasis en que la pérdida de biodiversidad podría poner en riesgo la seguridad alimentaria mundial y las comunidades indígenas juegan un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas. Los pueblos indígenas están en grave riesgo pues, desde el 2017, Front Line Defenders ha registrado 327 asesinatos de defensores de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo.Desde Somos Defensores coinciden en que ese es el tipo de liderazgo más afectado, por lo menos en Colombia. ¿La razón? Son personas que están en el territorio y que se interponen en el camino de distintos actores que tienen, principalmente, grandes intereses económicos, como sectores empresariales y grupos ilegales. En Colombia, la violencia se dirigió particularmente contra quienes participan en la implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), los que forman parte de las iniciativas de sustitución de cultivos de drogas y los que se oponen a la extracción de recursos naturales, destaca el informe.
En el caso de México, que concentra el 5,7 % de los casos del mundo, la situación se vio complicada también por la estigmatización que sufrieron los ambientalistas “por parte de la máxima autoridad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador; y otras entidades con bastante poder, quienes aseguraron que los defensores estaban pagados para bloquear proyectos de desarrollo”, así lo asegura Andrea Cerami, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quien destaca que en marzo publicarán el informe sobre agresiones a defensores. Aunque aún no puede dar cifras, Cerami confirma que la situación es muy grave y que han registrado distintas violaciones como desapariciones, ejecuciones, criminalización, amenazas, entre otras.
En Honduras la situación no es muy distinta. El informe destaca que aumentaron los ataques contra los defensores de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, principalmente por parte de las fuerzas estatales. Bertha Oliva Nativí, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), asegura a Mongabay Latam que las violaciones se han vuelto parte del diario vivir, pues los defensores tienen que enfrentarse actualmente a una política de estado que parece ir dirigida en su contra. “Todos los sectores que tienen un asomo de iniciar un proceso organizativo son fuertemente violentados. Desde el 2020 a la fecha, no ha existido una manifestación que no haya sido reprimida. Honduras se ha convertido en un país de muerte”, enfatiza, y aprovecha para recordar que diciembre de 2020 lo cerraron con el asesinato del dirigente indígena Félix Vásquez en La Paz, una ciudad hondureña.
A Irma Lemus (centro) intentaron secuestrarla en su viaje al exilio. Foto: Radio Progreso.
No solo son asesinatos
Además de los homicidios, Front Line Defenders también registró los tipos más comunes de violaciones de derechos humanos, que en el caso de América Latina son los ataques físicos (27 %), las detenciones y arrestos (19 %), el acoso (13 %), acciones legales en contra de los líderes (13 %) y las campañas de difamación (7 %).El reporte relata que, por ejemplo, muchos de los defensores que fueron detenidos en condiciones inhumanas también fueron sometidos a un mayor riesgo de contraer COVID-19. Incluso, aunque muchos países permitieron la liberación de presos por la pandemia, según el informe, los defensores no se encontraban entre los liberados pese a cumplir condenas por “delitos no violentos”.
En el caso de Colombia, es probable que la cifra de agresiones a defensores reportadas en 2020 haya bajado, pero esto no significa —advierte Muñoz de manera tajante— que la violencia lo haya hecho. La razón es que durante la pandemia se presume que hay un gran subregistro ya que muchas organizaciones encargadas de registrar este tipo de violaciones a los derechos humanos no pudieron hacer monitoreo en los territorios. Entonces, concluye Muñoz, “sí hubo agresiones, pero no se registraron todas”.
Front Line Defenders subraya que a las violaciones directas de derechos humanos se sumó una legislación restrictiva que se introdujo como respuesta a la pandemia. “Se aprobaron varias otras leyes diseñadas para limitar la capacidad de los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil para funcionar bien y de forma segura. […] Otros gobiernos, incluidos Perú, Honduras, México y Panamá, permitieron la continuación de proyectos de desarrollo, deforestación y minería a pesar de los cierres económicos”, indica el informe.
México es prueba de lo anterior. Según el abogado Cerami, con la excusa de la pandemia, se limitó al acceso a la información y a la justicia. “Por un lado, la plataforma nacional de transparencia en la que antes se podía solicitar información en los tiempos de la ley, ahora está bloqueada […] Por el otro, hay proyectos de desarrollo de infraestructura que fueron declarados como esenciales por parte del estado mexicano, pero se ha limitado el acceso a demandas legales, pues solamente se pueden presentar en casos urgentes y las demandas legales contra esos proyectos declarados esenciales no lo son”, explica, añadiendo que también hubo una reducción de los recursos destinados para la protección de los defensores y defensoras.
Por otro lado, en Guatemala, que concentró el 4,5 % de los asesinatos en el mundo, el gobierno aprovechó el confinamiento para decretar a la minería como una actividad prioritaria, “sin importar que muchas comunidades han señalado los altos riesgos de las actividades extractivas”, cuenta Anabella Sibrián, directora regional de Mesoamérica de Protección Internacional, a Mongabay Latam.
El riesgo que persigue a la mujeres y a la comunidad LGBTIQ
Front Line Defenders subraya que un 28 % de las personas asesinadas en 2020 luchaban por los derechos de las mujeres, lo que refleja la difícil situación a la que se enfrentan a diario las defensoras de derechos humanos. Entre los casos que reporta el informe aparecen los ataques contra dos voceras del pueblo mapuche en Chile; así como también casos de mujeres periodistas y defensoras que trabajan con prensa comunitaria en Guatemala y que fueron acosadas durante las manifestaciones que tuvieron lugar el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se celebra el 28 de septiembre.Anabella Sibrián no tiene duda de que las mujeres están en un mayor riesgo. En el caso de las detenciones arbitrarias, por ejemplo, las defensoras están más expuestas a sufrir actos de violencia de género. “Recientemente se reportó el caso de una defensora joven en Honduras que fue detenida y a la mañana siguiente amaneció muerta. Las autoridades hondureñas no explican qué ocurrió con esta joven”, relata.
Por otra parte, los defensores de la comunidad LGBTIQ se vieron afectados durante la pandemia por el estigma, la discriminación, la pérdida de oportunidades laborales y el difícil acceso a los servicios de salud. En México —resalta el análisis—, al menos tres defensoras transgénero fueron asesinadas el año pasado, entre ellas estaba Mireya Rodríguez Lemus, una reconocida defensora de los derechos de las comunidades LGBTIQ y presidenta de la Asociación Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses.
En el caso de Honduras, Bertha Oliva Nativí, de Cofadeh, está convencida de que hay una estrategia para asesinar mujeres, así como también la hubo para ir aniquilando a la comunidad LGBTIQ. “Es un país [Honduras] que ha perdido todo el asomo de orientarse para democratizar y respetar los derechos humanos. La pérdida del estado de derecho es impresionante”, asegura.
Actualmente a los defensores de los derechos humanos no solo les toca protegerse de las agresiones físicas y de los asesinatos, sino también de los ataques digitales. En 2020, un equipo de coordinadores de protección de Front Line Defenders recibió 304 solicitudes de apoyo por las siguientes razones: un 26 % recibió amenazas a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram; a un 16 % los ‘hackearon’ o vieron comprometidas sus cuentas de redes sociales; un 11 % reportó vigilancia telefónica; otro 11 % denunció seguimientos físicos y un 9 % aseguró que les confiscaron o les robaron dispositivos con información importante.
Los más afectados por este tipo de ataques son los defensores de derechos humanos (17 %); de derechos de la tierra, el medio ambiente y los pueblos indígenas (16 %); de la comunidad LGBTI (11 %); de la libertad de expresión (10 %) y de las mujeres (9 %). Front Line Defenders afirma que recibió decenas de informes de reuniones en línea —especialmente de grupos LGBTIQ, feministas y defensores negros— que fueron infiltradas por agresores que aprovecharon las fallas de seguridad.
La deuda con los líderes y lideresas es grande. Sirley Muñoz cree que es momento de que el gobierno de Colombia entienda las necesidades reales que hay en los territorios y que no se limite a plantear medidas políticas desde lo que creen que es correcto, pues el daño termina siendo más grande. “La militarización de los territorios aumentó en un 157 % las agresiones por parte de la Fuerza Pública contra los defensores, solo en el primer trimestre del 2020”, asegura.
El abogado Andrea Cerami también le pide al gobierno mexicano que cumpla con los compromisos que ha ratificado, como el Acuerdo de Escazú, que tiene una disposición específica sobre los defensores ambientales. Tiene la esperanza de que ese sea uno de los primeros pasos para tener una política específica que proteja a todos los defensores que día a día arriesgan sus vidas por un futuro mejor.
